Solicitan prisión contra miembros de red que explotaba sexualmente a mujeres en Punta Cana

Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra tres dominicanos y un haitiano que presuntamente formaban parte de una red criminal que se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual, incluyendo mujeres adultas y adolescentes de diferentes nacionalidades en la zona turística Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.

La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de La Altagracia, a cargo de la investigación, solicitaron este jueves al Juzgado de Atención Permanente de esta provincia que le imponga la medida de coerción a los dominicanos Domingo Lorenzo Santana (Wellington), cabecilla de la organización, Reyna Julissa Solano Monción (administradora) y a Richard de La Cruz Camacho (Danny, el Pai), así como al haitiano Berlin Erisme (Obama).

Contra el grupo se ejecutaron órdenes de arrestos y fueron sometidos a la Justicia, procediendo la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia a fijar la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción mañana viernes.

Los arrestos se ejecutaron en un negocio que utilizaba una fachada de residencia familiar, el cual estaba destinado a la explotación sexual, ya que la mayoría que acudían al mismo eran turistas, el cual fue intervenido, siendo rescatadas 20 víctimas. Al momento de la operación en el establecimiento se encontraban varios clientes.

El Ministerio Público y la Policía Nacional trabajaron de manera conjunta en el desmantelamiento de la red, dijo el primero de estos organismos en un comunicado.

Las víctimas dominicanas, haitianas, venezolanas y colombianas, eran explotadas sexualmente por los miembros de la red, quienes cobraban por cada servicio sexual que estas ofrecían sumas que oscilaban entre los 200, 300 y 600 dólares.

La instancia con la solicitud de medida coerción señala que la red se encargaba de captar jóvenes adolescentes en las diferentes localidades del país, principalmente, en el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata y La Romana, entre otras localidades, las cuales luego eran trasladadas a la citada zona turística, donde eran explotadas sexualmente en el establecimiento propiedad de Santana, el cual era administrado por Solano Monción, quien también ejercía como cajera.

Durante las pesquisas han sido obtenidas diferentes evidencias, como documentos, recibos, pagos de salidas, pagos de servicios sexuales, dinero en efectivo (pesos dominicanos y dólares ) y otras relacionadas con el hecho punible que se investiga, agregó la nota.

Se ha solicitado prisión preventiva para varios miembros de una red que explotaba sexualmente a mujeres en Punta Cana. Esta solicitud subraya la gravedad del caso y la intención de las autoridades de garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones.

Aspectos clave de la solicitud:

Acusaciones y Red de Explotación: Los miembros de la red están acusados de explotación sexual, un delito grave que implica el abuso y la explotación de mujeres en situaciones vulnerables. La red habría operado en la región de Punta Cana, una zona conocida por su turismo.

Solicitud de Prisión Preventiva: La solicitud de prisión preventiva busca asegurar que los acusados permanezcan en custodia mientras se lleva a cabo la investigación y el proceso judicial. Esta medida es importante para evitar que los sospechosos interfieran en la investigación o representen un riesgo para la sociedad.

Investigación y Pruebas: Las autoridades están llevando a cabo una investigación exhaustiva para recopilar pruebas y construir un caso sólido contra los miembros de la red. Esto puede incluir testimonios de víctimas, evidencia física y registros financieros.

Impacto en la Comunidad: La explotación sexual es un problema grave que afecta a las víctimas y a la comunidad en general. La operación de esta red en un destino turístico como Punta Cana pone de relieve la necesidad de medidas de protección y prevención en áreas vulnerables.

Acciones Legales y Justicia: La solicitud de prisión preventiva es un paso hacia la justicia para las víctimas y un esfuerzo por desmantelar la red de explotación. El sistema judicial debe trabajar para garantizar que se haga justicia y se protejan los derechos de las víctimas.

Apoyo a las Víctimas: Es crucial que se ofrezca apoyo a las mujeres afectadas por la explotación sexual. Esto puede incluir asistencia médica, psicológica y legal para ayudarlas a recuperarse y enfrentar el proceso judicial.

Prevención y Educación: Este caso también resalta la importancia de la prevención y la educación sobre la explotación sexual. Las campañas de concienciación y las medidas de protección son esenciales para prevenir y combatir este tipo de delitos.

La solicitud de prisión preventiva refleja la seriedad del caso y el compromiso de las autoridades para enfrentar la explotación sexual y proteger a las víctimas.