“Populismo penal”, el enemigo silente de la democracia

Santo Domingo. – El «Populismo Penal» es un término que ha ganado relevancia en la República Dominicana, utilizado por juristas para defender sus causas. Sin embargo, esta práctica se remonta a tiempos antiguos, siendo la crucifixión de Jesucristo un claro ejemplo.

Cuando Poncio Pilato, gobernador y máxima autoridad de la provincia Romana de Judea, juzgaba a Barrabás y a Jesús, aclaró que este último era inocente según las leyes de la época. Sin embargo, la muchedumbre pedía su crucifixión. Pilato, lavándose las manos, dejó que el pueblo decidiera la suerte de Jesús.

El «Populismo Penal» se refiere a decisiones judiciales que se toman para alinearse con la voluntad de la mayoría, una justicia por aclamación popular.

El abogado Valentín Medrano destaca que este tipo de prácticas marginan a los conocedores de las leyes y la investigación penal, argumentando que la verdad no es la jurídica, sino la plebiscitaria, la que el pueblo acepta como válida.

“No habiendo delito lo procedente es que no haya condena, ni sanción y lo procedente es la absolución, sin embargo Pilato que era el juez de la época dejó que la decisión la tomará la multitud”, explicó.

¿Se practica el “Populismo Penal” en RD?

El experto en derecho penal Valentín Medrano señala que en la República Dominicana el «Populismo Penal» se manifiesta a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que bombardean con información ciertos casos de interés para persuadir a la opinión pública.

Para Medrano, los jueces dominicanos, aunque llamados a actuar con independencia, se han dejado influenciar en los procesos y toman decisiones basadas en el populismo y el clamor popular, una práctica sin sanción alguna.

“El Populismo Penal ya no está limitado a los seres humanos comunes, sino que ha trascendido y va de la mano con la persecución penal política o la politización de la justicia”, afirmó Medrano, experto en derecho penal.

Indicó que los recientes casos de corrupción (Antipulpo, Caso Coral, Coral 5 G, Medusa, Calamar, entre otros) que involucran a exfuncionarios del pasado gobierno, responden al «Populismo Penal», alegando que ninguno de esos individuos representaba peligro de fuga, pero se les dictó prisión preventiva porque el pueblo quería “cárcel”.

Deterioro de la democracia

El abogado y periodista Ricardo Rojas León define el «Populismo Penal» como la tendencia de los políticos a abogar por penas altas para los delitos y la reducción de las garantías.

Rojas León sostiene que si el «Populismo Penal» se implementa en la práctica de la justicia, la democracia de un país se deteriora, ya que los estados democráticos modernos se basan en el respeto a los derechos de las personas, incluyendo la República Dominicana.

“Se cree que los problemas delictivos se resuelven con mano dura. Se apuesta a la ‘eficacia’ penal en detrimento del respeto a los derechos fundamentales”, explicó, negando que este tipo de acciones se lleven a cabo en el país.

Afecta la implementación sana de justicia

Para el abogado Carlos Escalante, el «Populismo Penal» no es más que la presión que ejercen sectores influyentes de la sociedad dominicana, como periodistas, influencers y miembros de la sociedad civil, sobre algunos casos en desarrollo en los tribunales.

Sin embargo, Escalante entiende que esta situación no afecta la democracia en sí, pero sí compromete la implementación de una justicia sana, ya que jueces y abogados son parte de la sociedad.

“Todos sabemos que nuestro sistema de justicia no es el mejor y esta práctica ha tomado mucho auge. Los casos se conocen una parte en la prensa y otra en los tribunales”, afirmó, señalando que esto puede influir en la opinión pública.

Escalante también subraya que el bombardeo de información inclinada a una sola variante puede influir en las masas, quienes ejercen la «presión», afectando el criterio de todos los involucrados en el proceso.

“Esta es una práctica que se está usando y por lo visto se usará por mucho tiempo”, concluyó Escalante, indicando que la población ha entendido que los procesos deben ganarse tanto en los tribunales como en la opinión pública.