Suprema Corte acepta recurso de casación de exdiputada Rosa Amelia Pilarte

Santo Domingo.– El Pleno de la Suprema Corte de Justicia informó este miércoles que admitió el recurso de casación interpuesto por Rosa Amalia Pilarte López, exdiputada por la provincia de La Vega, condenada a cinco años de prisión por el delito de lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano.

El tribunal precisó la fecha de la audiencia para las 9:00 de la mañana, luego de declarar admisible el recurso de casación que interpuso Rosa Pilarte, en contra de la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema, dictada el 28 de mayo pasado.
El auto de fijación de audiencia fue notificado a los abogados de la imputada y al Ministerio Público representado por los procuradores adjuntos Fernando Quezada, Pedro Inocencio Amador Espinosa y el procurador de Corte, Pelagio Alcántara.

Se recuerda que el 28 de mayo de 2024, los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia hallaron culpable a Pilarte López de violar los artículos 3 (numerales 1, 2 y 3) y 9 (numerales 1 y 2) de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Además de la pena de reclusión, los jueces Francisco Jerez Mena (presidente), Nancy Salcedo Fernández, Francisco Ortega Polanco, María Garabito y Fran Soto determinaron que Pilarte López era parte de una red criminal liderada por su pareja, Miguel Arturo López (conocido como Miky López), quien estuvo presente en la sala durante la lectura del veredicto.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha admitido el recurso de casación interpuesto por Rosa Amalia Pilarte López, exdiputada por la provincia de La Vega, quien fue condenada a cinco años de prisión por lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano.

La audiencia para conocer este recurso ha sido programada para el 30 de enero de 2025.

El 28 de mayo de 2024, la Segunda Sala de la SCJ encontró a Pilarte López culpable de violar la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, imponiéndole una pena de cinco años de prisión y una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público.

La exlegisladora presentó el recurso de casación a través de sus abogados, alegando violaciones al debido proceso y cuestionando la competencia de la jurisdicción que la juzgó, entre otros argumentos.

Es importante destacar que la ejecución de la sentencia de prisión está suspendida hasta que el caso adquiera la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, es decir, hasta que se agoten todos los recursos legales disponibles, incluyendo el recurso de casación pendiente y, en última instancia, una posible revisión por el Tribunal Constitucional.