Acusan a un migrante dominico-haitiano de violar adolescente en refugio de Massachusetts

Massachusetts.- Cory Bernard Álvarez, un migrante dominico haitiano que llegó legalmente a Massachusetts está siendo acusado de violar a una adolescente de 15 años de edad en un hotel refugio que le dio acogida en la ciudad de Rockland y donde también se refugia la menor.

Bernard Álvarez fue liberado con una fianza de $500 dólares en la corte criminal de Brockton (Massachusetts) y arrestado el 13 de este agosto por federales de la Oficina de Ejecución y Deportación de Boston (ERO), una unidad especializada de la Policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), procesado en el tribunal y puesto en custodia de la agencia migratoria para su deportación.
Anteriormente había sido acusado de violación agravada de un niño.

A través de un intérprete, Álvarez escuchó los detalles de la moción de solicitud para una prueba de su ADN realizada por la oficina del fiscal del distrito, petición a la que su abogado no se opuso. La muestra fue tomada inmediatamente después de la audiencia por personal de la oficina del alguacil presente en la corte.

Su abogado defensor, Brian Kelley, explicó la razón detrás de la decisión diciendo que “si se demuestra que no es su ADN, entonces vamos a estar en una mejor posición para tratar de persuadir, con suerte, al estado y al Gobierno federal de que debería ser liberado en espera del procedimiento de su caso”.

Le negaron la fianza
Los fiscales habían solicitado que Álvarez permaneciera detenido sin derecho a fianza, y como parte de su argumento, el fiscal adjunto del distrito, Shanan Buckingham, dijo que el confinamiento domiciliario en este caso no serviría para proteger a la víctima de 15 años ni a otras personas que viven en el hotel refugio Comfort Inn en la calle Hingham de Rockland.

También señaló que su oficina no pudo determinar si había lugares alternativos donde se podría alojar a Álvarez, citando una falta de transparencia sobre el programa de alojamiento para migrantes en busca de asilo en Estados Unidos, una gran parte de ellos ubicados en Massachusetts.

«Esta es una situación difícil en la que somos conscientes de que el acusado no es ciudadano y vive en este refugio en particular bajo un programa federal. Desafortunadamente, el Estado no pudo proporcionar al tribunal muchos antecedentes sobre el programa o los acusados, eso es porque no hay transparencia en este punto del programa», dijo el fiscal adjunto.

«La oficina del fiscal intentó investigar a las agencias estatales para tratar de identificar respuestas a preguntas específicas sobre este programa en particular y no pudimos resolver esas preguntas», continuó Buckingham.

La declaración de la victima como única prueba
Su abogado presentó una declaración de inocencia a nombre de Álvarez por los nuevos cargos y pidió al juez que no lo detuviera sin derecho a fianza, diciendo que la única prueba de que se produjo una agresión sexual es la declaración de la presunta víctima.

«Siguen siendo sólo palabras de una persona, y lo que el Gobierno está pidiendo al tribunal es sacar al señor Álvarez de la sociedad y retenerlo durante seis meses. Creo que es demasiado pedir», dijo el abogado Brian Kelley a medios de Nueva Inglaterra fuera de la corte.

El jurista señaló que el video de vigilancia que los fiscales expusieron como evidencia y que muestra la puerta de la habitación del hotel donde supuestamente ocurrió la violación arroja dudas sobre el argumento de la fiscalía.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos admitió a Álvarez en Estados Unidos legalmente el 26 de junio de 2023 en Nueva York, pero violó los términos de su admisión legal, explica el comunicado. El Departamento de Policía de Rockland arrestó a Álvarez el 14 de marzo.

Un migrante dominico-haitiano ha sido acusado de violar a una adolescente en un refugio en Massachusetts. Las autoridades están manejando el caso con seriedad y están llevando a cabo una investigación completa para esclarecer los hechos. La acusación ha generado preocupación en la comunidad y ha llevado a un llamado a mejorar las medidas de seguridad en los refugios para proteger a los residentes, especialmente a los menores de edad. La justicia está trabajando para asegurar que el caso sea tratado con la debida diligencia y que se haga justicia por la víctima.